Proponen aumentar impuestos a bebidas alcohólicas para cubrir gastos de salud

Diversos colectivos de salud pública y académicos presentaron este martes una propuesta formal ante el Congreso de la Unión para ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas. La iniciativa busca que los ingresos recaudados por este concepto se destinen de manera prioritaria al fortalecimiento de los servicios médicos del IMSS-Bienestar y las instituciones estatales, argumentando que el consumo excesivo de estas sustancias representa una carga financiera significativa para el erario nacional debido a las enfermedades crónicas y accidentes asociados.

Los promotores de la propuesta señalan que el esquema fiscal actual no ha logrado desincentivar el consumo en la medida necesaria para reducir la incidencia de padecimientos relacionados con el alcohol. Según los argumentos presentados ante legisladores, el incremento en la carga impositiva permitiría que los productores de alcohol asuman una parte proporcional de los costos que actualmente absorbe el Estado al brindar atención médica de emergencia y tratamientos de largo plazo a miles de pacientes en todo el territorio mexicano.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá analizar la viabilidad de este ajuste dentro del marco del próximo Paquete Económico para el ejercicio fiscal entrante. Especialistas en finanzas públicas advierten que cualquier modificación a las tasas impositivas debe considerar tanto el impacto en el mercado interno como la necesidad de políticas públicas integrales que combinen la recaudación fiscal con programas preventivos de salud coordinados por la Secretaría de Salud.

Por su parte, representantes de la industria han manifestado que cualquier incremento desproporcionado podría incentivar mercados informales y afectar la cadena de valor de productores locales. El debate se trasladará ahora a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados, donde se espera que se realicen mesas de trabajo con expertos en políticas de adicciones, economistas y representantes del sector salud para evaluar el impacto real de esta medida en el bienestar de la población mexicana.