Productos eléctricos falsificados representan un riesgo grave para hogares mexicanos

La seguridad eléctrica en los hogares mexicanos enfrenta una amenaza creciente debido a la comercialización masiva de productos falsificados que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas. Especialistas en el sector energético advierten que el uso de cables, interruptores y centros de carga apócrifos es una de las causas principales de cortocircuitos e incendios residenciales. A pesar de los esfuerzos de inspección, estos materiales de baja calidad se distribuyen ampliamente en mercados informales y plataformas digitales de comercio electrónico.

El problema se agrava ante la falta de supervisión en las instalaciones eléctricas domésticas. Se estima que una gran parte de las viviendas en el país carece de sistemas con las medidas de protección adecuadas, lo que incrementa el peligro cuando se instalan dispositivos que no soportan las cargas eléctricas demandadas. Las fallas en la calidad de los materiales, al calentarse de manera anormal, pueden derivar en daños irreparables a los inmuebles y, en casos extremos, poner en riesgo la integridad física de las familias.

Ante este panorama, organizaciones vinculadas a la industria eléctrica han propuesto la implementación de campañas de concientización para que los consumidores aprendan a identificar sellos de certificación legítimos antes de adquirir cualquier componente. Asimismo, se ha planteado la necesidad de que las autoridades comerciales y la Secretaría de Energía fortalezcan los operativos de vigilancia en puntos de venta estratégicos para retirar del mercado mercancía que no garantiza los estándares mínimos de seguridad.

La recomendación constante de los técnicos electricistas certificados es contratar únicamente servicios profesionales y adquirir materiales en establecimientos formales que ofrezcan garantía de fábrica. El uso de productos sin normas de seguridad no solo representa una pérdida económica por la necesidad de reparaciones constantes, sino que constituye un factor de riesgo permanente dentro de la infraestructura habitacional del país.