Movimiento Ciudadano exige juicio contra Rubén Rocha Moya por crisis en Sinaloa

La dirigencia y bancada de Movimiento Ciudadano han solicitado formalmente que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea sometido a un proceso de rendición de cuentas ante las autoridades judiciales. Esta exigencia surge tras el incremento en la tensión social y los desafíos de seguridad que han afectado la estabilidad del estado en días recientes, provocando un llamado urgente desde la oposición en el Congreso de la Unión.

Los legisladores de Movimiento Ciudadano argumentan que Sinaloa requiere una intervención institucional clara para recuperar el Estado de Derecho y garantizar la paz de los ciudadanos. La postura del partido sostiene que la gestión del actual gobernador debe ser evaluada por los organismos competentes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas del contexto de violencia y la crisis de gobernabilidad que reportan diversos sectores locales.

En paralelo, el debate político se ha intensificado luego de que surgieran versiones sobre una posible solicitud de licencia por parte del titular del ejecutivo estatal. Representantes de la oposición han manifestado su rechazo tajante a cualquier intento de separación del cargo que pueda interpretarse como una maniobra para evadir el escrutinio de la Fiscalía General de la República o de otras instancias de procuración de justicia.

La exigencia de justicia se suma a las advertencias emitidas por diversos actores políticos y analistas de seguridad, quienes han señalado que la situación en Sinaloa demanda una respuesta integral del Gobierno Federal. El partido solicitante subraya que la verdad sobre los hechos ocurridos en la entidad es un derecho fundamental de la población, por lo que instan a las autoridades a no postergar las investigaciones necesarias.

Finalmente, Movimiento Ciudadano hizo un llamado a las fuerzas políticas en el Senado de la República y la Cámara de Diputados para mantener una vigilancia estricta sobre la evolución de este caso. La agrupación política reiteró que su agenda legislativa para el periodo ordinario priorizará el deslinde de responsabilidades de cualquier funcionario público involucrado en la crisis de seguridad nacional.