Fiscalía de Campeche procesará a 32 implicados por desvío de recursos

La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó este viernes que llevará ante un juez a 32 colaboradores vinculados con el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, actual senador de la República, por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el grupo habría utilizado una red de empresas factureras para simular la prestación de servicios y el suministro de bienes que nunca fueron entregados, logrando sustraer un monto estimado en 270 millones de pesos del erario estatal.

Las investigaciones señalan que el mecanismo operaba mediante la adjudicación directa de contratos a compañías fantasma que carecían de capacidad operativa y fiscal. Una vez recibidos los pagos por parte de la administración estatal, los fondos eran dispersados a través de diversas cuentas bancarias para ocultar el origen y destino del dinero, configurando delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita según el marco penal vigente en la entidad.

El Ministerio Público estatal ha solicitado las audiencias iniciales ante el Poder Judicial local para formular la imputación formal contra los 32 colaboradores identificados. En los próximos días, se espera que el juez de control determine si los elementos probatorios presentados por la fiscalía son suficientes para vincular a proceso a los implicados, quienes podrían enfrentar medidas cautelares conforme avance el procedimiento penal en curso.

Por su parte, el equipo jurídico relacionado con los señalados ha sostenido que las acusaciones carecen de sustento legal y han calificado el proceso como una persecución política. No obstante, las autoridades ministeriales han reiterado que las carpetas de investigación se basan estrictamente en pruebas documentales, registros financieros y dictámenes periciales contables recabados durante los últimos años de indagatoria sobre el ejercicio del gasto público en Campeche.

Este caso representa uno de los capítulos más complejos en la fiscalización de los recursos estatales en la región durante la última década. La resolución de este proceso judicial será determinante para establecer responsabilidades administrativas y penales sobre el uso de los fondos públicos durante la gestión que es objeto de escrutinio por parte de las autoridades judiciales.