Estados Unidos clausura escuelas de manejo por irregularidades en certificación lingüística
El Departamento de Transporte de EE. UU. ha cerrado 110 escuelas de manejo tras detectar la graduación irregular de conductores sin dominio del idioma inglés.

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos ejecutó el cierre definitivo de 110 escuelas de manejo en diversas regiones del país, luego de una investigación que reveló prácticas sistemáticas de corrupción en la certificación de aspirantes. Las autoridades determinaron que estos centros educativos permitían la obtención de licencias a conductores que carecían del dominio básico del idioma inglés, requisito indispensable para comprender las señales de tránsito y las normativas viales vigentes en territorio estadounidense.
La medida responde a una estrategia integral de seguridad vial implementada durante el último año y medio, periodo en el cual las autoridades federales lograron retirar de las carreteras a más de 28 mil conductores que no cumplían con los estándares lingüísticos necesarios. Según el informe oficial, la falta de capacidad para interpretar instrucciones escritas en las vías públicas representaba un riesgo significativo para la seguridad pública y el flujo vehicular en las autopistas interestatales.
Las investigaciones señalan que diversos planteles omitían deliberadamente los exámenes de comprensión lectora y verbal, priorizando el lucro sobre la responsabilidad cívica y legal. Este esquema de operación irregular facilitaba que personas sin la preparación adecuada obtuvieran sus permisos para operar vehículos comerciales y particulares, burlando los protocolos establecidos por las agencias de transporte a nivel federal.
Ante la gravedad de los hallazgos, el gobierno estadounidense ha iniciado un proceso de auditoría exhaustiva en otras instituciones similares para garantizar que los estándares de seguridad no vuelvan a verse comprometidos. Esta acción ha generado reacciones diversas entre las organizaciones de migrantes, quienes han solicitado una revisión de los mecanismos de evaluación para asegurar que los procesos sean equitativos sin sacrificar la seguridad vial que exige la normativa actual.
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