Clara Brugada critica criminalización de la migración y propone observatorio internacional
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México cuestionó las políticas migratorias restrictivas y planteó la creación de un mecanismo de vigilancia global.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se pronunció este viernes contra las políticas que criminalizan la movilidad humana, calificándolas de ineficaces para atender las causas estructurales del fenómeno migratorio. Durante un evento público en la capital, la mandataria capitalina señaló que el enfoque punitivo adoptado por diversas naciones no resuelve la crisis humanitaria y, por el contrario, expone a las personas en tránsito a mayores riesgos de seguridad y violación a sus derechos fundamentales.
Ante este escenario, Brugada propuso formalmente la creación de un observatorio internacional encargado de monitorear y evaluar las condiciones de los migrantes en las rutas de tránsito. Según el equipo de la jefatura de Gobierno, este organismo tendría como objetivo principal documentar las prácticas de las autoridades en diferentes fronteras y fomentar un diálogo constructivo entre los países de origen, tránsito y destino, basándose en el respeto irrestricto a los tratados internacionales de derechos humanos.
La postura de la jefa de Gobierno subraya la necesidad de transitar hacia esquemas de cooperación regional que prioricen la protección social y laboral sobre las medidas de contención militarizada. En su intervención, enfatizó que la migración debe ser abordada desde una perspectiva de desarrollo y solidaridad, alejándose de las narrativas que asocian el movimiento de personas con actividades delictivas o amenazas a la seguridad nacional.
Finalmente, la administración capitalina reiteró su compromiso de mantener a la Ciudad de México como una entidad de puertas abiertas y refugio. Se informó que el gobierno local continuará colaborando con organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales para fortalecer los albergues y centros de atención integral, garantizando que la población migrante reciba asistencia médica, asesoría jurídica y condiciones de vida dignas mientras definen su situación migratoria en territorio nacional.
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